Los comités de agua de Bolivia defienden sus formas organizativas horizontales y participativas, frente a un Estado cada vez más centralizado.
Marcela Olivera
La autonomía y horizontalidad son parte de las
formas tradicionales organizativas de los bolivianos. Juntas constituyen una manera real, práctica, cotidiana de
entender lo público y de vivir la democracia participativa siempre al margen
del Estado y de los gobiernos de turno.
Los comités de agua de la zona sud de la
ciudad de Cochabamba, la cuarta ciudad más grande de Bolivia, son el epitome de las formas autonómicas y
horizontales bolivianas. Esta red todavía activa, se volvió visible después de
la ‘guerra del agua’ del 2000, cuando una movilización popular de gran escala
detuvo los intentos de privatizar el sistema publico de agua de la ciudad.
Mientras muchos asocian la guerra del agua
con la noción de verdadera democracia, esta descripción pudiera poseer una
contradicción en si misma: una guerra
–cualquier guerra- implica violencia, pérdida de energía y recursos, muertes,
desacuerdo y la democracia (como la conocemos en Occidente), tiene la función
de precisamente evitar todo aquello. Pero el conflicto no fue una simple
batalla por la defensa de un recurso. Uno
de los principales motivos de tal(es) conflicto(s) fue precisamente la
histórica y permanente lucha de las y los bolivianos por defender su derecho a
decidir de una manera horizontal y autónoma sobre sus propias necesidades, es
decir: su imperiosa y siempre pospuesta necesidad de vivir en verdadera
democracia.
En septiembre de 1999, el Servicio Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) fue vendido al
consorcio Aguas del Tunari, una empresa que tenía como socio mayoritario a la
corporación Bechtel. Esto fue el corolario de un proceso largo de ajustes
estructurales guiados y auspiciados por
el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional desde mediados de los años
80’s en los países latinoamericanos, incluida Bolivia. Des pues de la
privatización, los ciudadanos del valle boliviano empezaron a enfrentar
aumentos excesivos de las tarifas, al mismo tiempo que las cooperativas y
comités de agua se encontraron administrando servicios de agua sin concesiones estatales, lo que
significaba que Aguas del Tunari podía enjuiciarlos por competencia ilegal y
podía también apropiarse de esos sistemas. Este panorama siniestro dio origen a
la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (comúnmente llamada Coordinadora
del Agua). Después de varios meses de negociaciones con el Estado y
confrontaciones con las fuerzas armadas, la Coordinadora, logró expulsar a la
compañía.
Muchas realidades se hicieron visibles por
primera vez y con claridad a partir de la Guerra del Agua del año 2000 en
Cochabamba. Por ejemplo, un sinfín de formas de organización que no están
regidas por las estructuras occidentales de democracia, un caso es el de los
Comités de agua de la ciudad de Cochabamba, que fueron centrales en el actuar
de la Coordinadora del agua y que a partir de los enfrentamientos del 2000 y
junto a los demás sectores que participaron activamente en aquellos hechos,
establecieron redes de contacto entre sí e iniciaron procesos de coordinación y
cooperación mutua.
Los Comités de agua de Cochabamba son
particularmente tradicionales de la zona Sur de esta ciudad, pero se encuentran
en toda el área periurbana de la ciudad La zona sur está compuesta por seis
distritos y que tiene la mitad de la población de la ciudad: hablamos de mas de
doscientos mil habitantes. Esta zona tiene entre cien y ciento veinte Comités de
agua a los que se suman 400 en toda el área metropolitana de Cochabamba de
acuerdo a Stefano Archidiacono de la ONG CeVI. Entonces estamos hablando de
miles de personas organizadas alrededor—pero no exclusivamente—del agua.
Aunque en Bolivia no existen dos servicios
que operen de la misma manera, está claro que en el caso del agua, las
organizaciones del tipo de los Comités, mantienen la visión del agua como un
ser viviente, divino; como la base de la reciprocidad y la complementariedad.
Un ser que es de todos y es de nadie, un ser que es visto como una expresión de
flexibilidad y adaptabilidad, quien ayuda
a la naturaleza a crear y transformar la vida y permite la reproducción
social. El desarrollo de las asambleas de estos Comités de agua reflejan esos
usos y costumbres de la comunidad, estas organizaciones son una manera de crear
comunidades, similares a las que existen en las zonas rurales, en la urbe.
Muchos han registrado los orígenes de las
practicas autónomas adoptadas por los comités de agua hasta el imperio incaico,
pasando por la colonia, hasta nuestros días. Como resultado, los comités de
agua son a menudo considerados expresiones modernas de practicas comunales
antiguas.. En un articulo de Bolpress del 2001 titulado Estado y Autonomía en
Bolivia, una Interpretación Anarquista, Carlos Crespo explica que la autonomía
en Bolivia, “no es un ideal a conseguir, sino una práctica cotidiana de los
pueblos, comunidades y grupos de afinidad”. Estos procesos horizontales, han
sido desde siempre la práctica social y política del boliviano en relación al
Estado y el poder imperante, desde el incario y pasando por la colonia, la república y el Estado plurinacional.
Como las luchas indígenas y la organización
propia de sus sociedades, los comités de agua representan una visión antiestatal de la autonomía puesto que
surgen en barrios y zonas marginales de la ciudad, los llamados cinturones de
pobreza, una mezcla de inmigrantes campesinos –que aportaron a sus nuevas comunidades
ahora urbanas- sus tradiciones andinas de trabajo solidario y por turnos,
conocido como el “ayni;” y de mineros relocalizados que, por su parte,
aportaron a estas comunidades olvidadas por el Estado, toda la experiencia
organizativa adquirida de los sindicatos de las minas.
Los Comités de agua, son el resultado de la
promoción y el reforzamiento del poder y los procesos autónomos de la gente.
Están basados en prácticas autónomas que no son reconocidas --ni necesitan ser reconocidas-- por el Estado ni
por la comunidad internacional. Aquí, los miembros de la comunidad dividen y
distribuyen roles para responder a la pregunta de cómo proveer de agua al
vecindario. Por eso están construyendo redes que les permiten organizarse y
compartir estrategias sobre cómo acceder y proveerse de agua en sus
comunidades. No están organizados en contra de los sistemas públicos de
agua sino a favor de la capacidad de
decidir cómo y hasta dónde deben conectarse a esos sistemas de agua.
Claramente, son la expresión más genuina de cómo hacer política de una manera
autónoma.
En los Comités de agua, las preocupaciones
sociales más importantes tienen que ser atendidas a nivel de la comunidad y por
eso se diferencian de la percepción estatal de los movimientos sociales como
expresiones pedigüeñas (o de
demandas) de la comunidad hacia el Estado, en los Comités de agua, la
gente se organiza para determinar e implementar las condiciones de su propia
vida, no para pedir favores de los gobiernos de turno. Por ello, van
incluso más allá del tema del agua porque aunque fueron creados alrededor de la
ausencia, escases o abundancia del líquido elemento, éstos también se ocupan de
muchos otros asuntos: el bienestar de los miembros, la seguridad, fiestas,
futbol, etc.
Tal es el grado de independencia de acción de
los Comités de agua que han sido llamados por algunos como “zonas liberadas del
Estado”.
Se viven tiempo confusos en Bolivia y los
desafíos de los comités
de agua son numerosos. Pasando por las limitaciones técnicas
y financieras de los comités hasta las negociaciones con el Estado para
el respeto de su autonomía.
La cuestión técnica es transversal a los
diferentes procesos de formación y consolidación de los comités de agua en
Cochabamba y por ello, es una limitación de la que se tiene consciencia, así lo
muestra la participación de Gastón Zeballos, dirigente del comité San Miguel Km
4 en el Primer Intercambio Internacional de Experiencias entre operadores de
agua de Uruguay, Colombia y Bolivia realizado en Montevideo en Octubre del año
2013. Durante las jornadas de URCOLBOL, los participantes bolivianos mostraron
más interés en el área técnica de la cloración, potabilización y tratamiento de
aguas servidas que en cualquier otro tema. Gaston Zeballos, participante de un
comité de agua dice: “nos interesa mas lo técnico porque nosotros tenemos los
indicadores sociales cubiertos. En nuestros comités hay participación, control
social y rotación. Nos falta lo otro.”
Tan importante como lo técnico es la
limitación económica. Especialmente cuando hablamos de proyectos absolutamente
necesarios y definitivamente inalcanzables con recursos propios, como es el
caso del alcantarillado de la zona correspondiente a cada comité que además del
costo debe, necesariamente, pensarse como parte de un sistema más amplio que
englobe a todos los sistemas alternativos o no.
Este tipo de proyectos indiscutiblemente, necesitan del apoyo y la
inversión estatal, un apoyo que debiera traducirse en la voluntad para respetar
la autonomía de los comités de agua, su visión particular sobre sus
necesidades, y al mismo tiempo el aporte efectivo de manera que el agua y su
adecuado manejo y distribución sean accesibles a todos pero que en tiempos de
elecciones se viene empleando de manera clientelar.
Cuando Evo Morales asumió el poder el 2006,
había la esperanza de que en su gobierno se ampliara la autonomía y el
autogobierno de los movimientos sociales. Sin embargo, ha ocurrido lo
contrario. El estado ha iniciado un proceso de expansión hacia nuevas áreas,
siendo el agua una de ellas. Hay una creciente intervención del Estado en
asuntos tradicionalmente fuera de su alcance. Esta intervención ha tomado un
impulso muy centralista. Las recientes legislación en torno al agua dan poder al estado para decidir e intervenir
sobre los sistemas comunitarios y las prácticas autónomas que hasta ahora no
reconocía.
A través de la Convención sobre el Derecho al Agua promovida por el
gobierno boliviano en la ONU y a través de la Declaración de los Derechos
de la Madre Tierra, el gobierno de Morales ha declarado que la naturaleza tiene
derechos, creando un marco "derechos" que traslada la responsabilidad
y por lo tanto el poder de administrar los recursos hídricos de la gente para
el Estado. Mientras que estos esfuerzos han sido celebrados internacionalmente
y se considera a Morales como el líder en reformas medioambientales, esta
estrategia traslada la responsabilidad y el poder de administrar agua de la
gente al Estado. Las maneras tradicionales de uso del agua se vuelven nulas y
sin sentido y aquellos que buscan acceso al agua deben recurrir al Estado, la
ley y las cortes.
En su camino, los comités de agua enfrentaran
desafíos técnicos y económicos junto con los continuos esfuerzos de cooptación
por parte del Estado. Pero su éxito, epitomizado en la guerra del agua, ha
demostrado que organizados horizontalmente, los bolivianos pueden recuperar la
capacidad de manejar sus bienes comunes con autonomía, contra el poder
establecido y las formas tradicionales de entender la ‘democracia’. La gente
hoy día no se está organizando para hacer demandas al Estado, pero para determinar
e implementar las condiciones de sus propias vidas.